La justicia española imputó el jueves al Barça por un presunto delito fiscal en el multimillonario fichaje del delantero brasileño Neymar, en el marco de un escándalo que ya provocó la dimisión de un presidente del club.
El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, «imputa al FC Barcelona por un delito contra la Hacienda Pública en relación con el fichaje del jugador brasileño», informó una fuente judicial.
La fiscalía había señalado al magistrado que el Barça pagó por el jugador 10 millones de euros en 2011 y 27.92 millones en 2013 que no declaró debidamente, incurriendo en un presunto fraude tributario de 9,1 millones de euros.
De ser declarado culpable, el club se expondría a una multa de entre dos y cuatro veces esta cantidad, que sería sólo de la mitad si opta por regularizar su situación.
De momento, el juez pidió al fisco «las declaraciones voluntarias de liquidación de impuestos de 2011, 2012 y 2013 del club en relación con el fichaje, así como certificar si Neymar se consideraba a efectos fiscales» en 2013 «con la obligación de tributar en España o en Brasil».
«El juez también pide al padre del jugador diversos contratos y documentación de varias sociedades relacionadas con el fichaje», agregó la fuente.
Por otra parte, el magistrado «ha cursado una comisión rogatoria a Suiza para que la FIFA le envíe la información que tiene» sobre esta operación, precisó.
Neymar, de 22 años, firmó por cinco temporadas con el Barça en mayo de 2013, pero ya en noviembre de 2011 el club y el jugador habían realizado un primer contrato que establecía el compromiso del Barça a ficharlo.
Una operación multimillonaria
La operación Neymar, que supuso para el Barça un desembolso de 86.2 millones de euros (unos 118 millones de dólares), se convirtió en causa de revuelo cuando un socio del Barcelona, Jordi Cases, presentó una denuncia contra el presidente del club, Sandro Rosell, por «apropiación indebida» en el marco del fichaje.
La aceptación de esa querella por el juez Ruz provocó la dimisión de Rosell el 23 de enero.
Su sucesor, Josep Maria Bartomeu, advirtió al día siguiente que la directiva del Barça no tenía intención de «dimitir de ninguna forma» si se veía implicada en la querella.
En un escrito enviado al juez Ruz, fechado el 17 de febrero pero conocido este miércoles, el fiscal José Perals pidió que se ampliase la investigación al Barça como persona jurídica.
En un comunicado, el club azulgrana se defendió asegurando que su actuación «ha sido, en todo momento, con respecto a esta operación y de acuerdo con la información de que se dispone, plenamente conforme al ordenamiento jurídico vigente».
El Barça expresó también «su total disposición para colaborar con la Administración de Justicia en este procedimiento, como ha estado atendiendo desde el primer momento».
En un ejercicio de transparencia que rompió un tabú en el fútbol español, Bartomeu, quien como exbrazo derecho de Rosell firmó algunos de los contratos por el fichaje de Neymar, reveló los detalles financieros del traspaso, por 57.1 millones de euros.
El club cifró así en 86.2 millones de euros la suma de los gastos ligados a la llegada de Neymar en 2013 y otros efectuados al margen de la operación.
La justicia brasileña anunció el 30 de enero que comprobaría si el padre y agente del jugador, Neymar da Silva Santos, es culpable de fraude fiscal tras haber recibido, a través de la empresa familiar N&N, 40 millones de euros en el marco de este traspaso, incluidos 10 millones que recibió en noviembre de 2011.
«Sé que se está hablando mucho de mi contrato», había dicho el jugador a mediados de enero. «No hay nada de ilegal», aseguró.
Posteriormente también su padre negó toda irregularidad.
Sin embargo, según el fiscal, tras el estudio de los documentos aportados por el Barça «se ha constatado la existencia de una serie de transacciones económicas por parte de dicho club y a favor de diversas sociedades en relación con el fichaje de Neymar da Silva Santos Jr basada en ocasiones en contratos simulados».
El fiscal, quien denuncia toda una serie de operaciones de «ingeniería fiscal» por parte del FC Barcelona, sospecha que dichos contratos «no responden a la realidad de las operaciones económicas que se mencionan en ellos».
